Tómate la foto, tómate la foto, tómate la foto, tómate...

Las medidas de seguridad del Instituto Federal Electoral (IFE) para la expedición de credenciales de elector han sido vulneradas, ante la existencia de redes criminales que en lugar de falsificar el documento han logrado tramitar hasta 20 micas auténticas para una misma persona; sin embargo, con diferentes identidades, las cuales son utilizadas para cometer delitos.

En la Procuraduría General de la República (PGR) se integran alrededor de 600 averiguaciones previas por esos hechos, pues basta con presentarse a un módulo del IFE e ir acompañado de dos testigos que confirmen la supuesta identidad de quien solicita el documento para votar, para obtener legalmente la credencial con fotografía, revelaron autoridades.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) encabeza estas investigaciones, a fin de desmantelar esas redes que ponen en riesgo la validez de la credencial de elector como el documento de identificación oficial más aceptado en México.

Los centenares de casos detectados hasta la fecha indican que los grupos delictivos emplean las credenciales para votar con fotografía expedidas lícitamente, para cometer sobre todo fraudes, aunque también se han ubicado casos de operaciones de lavado de dinero, para el tráfico de indocumentados o para que un extranjero se convierta en ciudadano mexicano.

“Estos casos dejan en claro que es necesario que se modifique el procedimiento para la expedición de las credenciales, pues de nada sirven los millones que se gastan para impedir la falsificación de este documento, ya que ahora los delincuentes han podido tramitar sin problemas un documento legal, con diversas identidades y para una misma persona, lo que evidentemente facilita sus operaciones ilegales”, dicen autoridades.

En mayo de 2007, el subdirector de Asuntos Penales del órgano electoral presentó una denuncia penal ante la Fepade, ya que a partir del Programa de Detección de Registros Duplicados AFIS (Automated Fingerprint System), se ubicaron 723 casos de personas que contaban con más de un registro en el padrón electoral.

Uno de estos casos integra el expediente 156/Fepade/2007 por la existencia de 14 credenciales de elector expedidas lícitamente, tramitadas por una misma mujer, pero con diferentes nombres.

En módulos del IFE se expidieron legamente credenciales para votar con fotografía para Bárbara Ashton Andersson Hoppe, Sahnti Forgetti Varela, Samantha Paredes Gaytán, Paris Lara Fuentevilla, Chanel Ozuna Díaz, Deborah Franco Liberman, Melanie Díaz Rivera, Tamara Rivera Bravo, Ninfa Liberman Sada, Greta Fernanda Garza Valdez, Damara Castro Virreyes, Bárbara Brigitte Ferrero Domínguez, Chanel Gianinna Walter Díaz Rivero y Channel Gianinna Walter Díaz Rivera, todas ellas son las identidades oficiales para una misma mujer.

Los peritajes de identificación fisonómica y de huellas dactilares practicados en la Fepade, llevaron a las autoridades a concluir que era la misma mujer la que aparecía en cada una de las credenciales oficiales.

Una de ellas, de acuerdo con la investigación, la obtuvo al presentar a dos testigos, uno de ellos, su pareja sentimental, Jorge Hernández Manjarrez. En forma paralela a esta investigación, la Procuraduría capitalina indagaba a una red de defraudadores que utilizó credenciales de elector lícitas para tramitar diversas tarjetas de crédito en Inbursa SA, y entre los integrantes de la red criminal apareció la mujer de las 14 identidades.

Las pesquisas de la PGJDF se anexaron en septiembre de 2007 al expediente de la Fepade, donde se acreditó que otro integrante de la banda, Sergio Rodrigo Elizondo Urbi, también tenía diversas identidades legales a través de credenciales de elector bajo los nombres de Jorge Alberto Diez Barroso, Jorge Eduardo Garza Peñafiel, Dante Moisés Liberman Rubalcava, Guillermo Hernández Huitrón y Jorge Guillermo Alemán Elizondo.

Hoy la mujer de las 14 identidades está en prisión y sujeta a proceso en el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, bajo la causa penal 137/2007-IV, aunque este es sólo uno de los aproximadamente 600 casos similares que investiga la PGR.