Los funcionarios padrotes

El escándalo ocasionado por la presunta red de prostitución con extranjeras en Yucatán cobró mayores dimensiones ayer al darse a conocer que más funcionarios del Instituto Nacional de Migración son investigados por sus nexos con el caso.

Además de las pesquisas que se realizan en torno al ex delegado Hernán Vega Burgos, ahora se dirigen investigaciones contra tres funcionarios de la dependencia. Uno de ellos es el subdelegado, Alejandro de Jesús Barrera Perera.

Se les acusa de formar parte de una red interna que habría lucrado con la “regularización” de extranjeros que llegan al país legal e ilegalmente.

Vega Burgos insiste en que se le acusa injustamente y se declara perseguido político y objeto de amenazas.

Entre asesores de establecimientos de “giros negros” circulan versiones de que la mafia cubana estaría involucrada en este escándalo. Hay quienes hablan de una “trampa”.

Keisy Johana González Corrales, la “madame yucateca” que es también protagonista del caso, afirmó a la televisión de Costa Rica que las dos mujeres usadas como testigos de cargo de la Procuraduría no son modelos. “Siempre han sido prostitutas”.

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Antecedente:
El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán, Hernán Vega Burgos, fue acusado de los delitos de lenocinio y trata de personas.

Tras rendir su declaración en relación a las imputaciones que le hicieron unas mujeres costarricenses secuestradas a quienes se obligaba a prostituirse, al funcionario se le permitió retirarse del juzgado, aunque pasó de testigo a indiciado.

Vega Burgos rechazó las imputaciones. Dijo desconocer a las mujeres y reiteró que las acusaciones en su contra son un show político, producto de “una mente perversa en la Procuraduría de Justicia del estado.

“No tengo nada que ver con la detención de varias mujeres provenientes de Costa Rica y sus actividades”, remarcó el delegado, al referirse a las dos mujeres que desde hace tiempo trabajaban en la prostitución en un domicilio de la calle 15, de la colonia México Oriente.

Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia, Raquel Ivannia Canales Acevedo y Yoheny Chávez Fonseca involucraron al delegado del INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con quien incluso se les obligó a sostener relaciones sexuales.

Estaban cautivas y sólo se les permitía salir para sostener relaciones sexuales por órdenes de una mujer identificada como Keysy Johana González Corrales, quien supuestamente coordina la red de prostitución y presuntamente tenía como sus principales clientes a funcionarios estatales y federales.

Raquel Ivannia y Yoheny señalaron que supieron que el delegado del Instituto Nacional de Migración cobraba 15 mil pesos mensuales por proteger a quienes operaban esa red de prostitución con ilegales.

Las dos mujeres fueron rescatadas por elementos policiacos cuando una de ellas logró evadir la vigilancia y caminó varias calles, donde finalmente fue auxiliada por los tripulantes de una patrulla.

En su declaración, acusaron al delegado estatal del INM, quien acudió la mañana de ayer a comparecer ante el Ministerio Público, de manera voluntaria.

Aparentemente, luego de su comparecencia Vega Burgos fue detenido por agentes judiciales, al momento en que las costarricenses Raquel Ivannia y Yoheny llegaban a la agencia.

Según las primeras declaraciones de las extranjeras, Vega Burgos recibía una cuota mensual para encubrir a quienes las explotaban, e incluso, dijeron que fueron obligadas a sostener relaciones sexuales con el delegado, entre otras cosas.

El rescate de dos jóvenes costarricenses que presuntamente eran obligadas a prostituirse en Mérida, nuevamente trae a la luz pública las actividades ilícitas de una joven mujer que controla una red de sexoservidoras que sirve a políticos, deportistas y empresarios.

Las víctimas aseguraron que la madame las obligaba a prostituirse y las mantenía privadas de su libertad desde hace varios días.

Producto de las investigaciones se detuvo a Rosa María Casanova May, quien cuidaba que las costarricenses no escaparan de su encierro.

En su declaración, la encargada de la casa de seguridad admitió que son ciertas sus denuncias y confesó que la responsable de lenocinio es Keisy González Corrales, de la que la policía desconoce su paradero.